La arremetida

Luis Felipe Lagos

Como era de esperar, el triunfo del "En contra" en el reciente plebiscito constitucional llevó a que el Gobierno arremeta con sus reformas. En el caso de las pensiones, se insiste con una serie de indicaciones que constituyen un nuevo proyecto, pero bastante similar al presentado inicialmente en cuanto a objetivos e instrumentos. 

Los objetivos del proyecto son dos: aumentar el componente de reparto (recordemos que la PGU ya es un esquema de reparto con impuestos generales, lo que se propone ahora es repartir cotizaciones); y lograr una mayor influencia del Estado en la administración de cuentas y gestión de  inversiones. 

¿Y las pensiones?, se preguntarán algunos lectores. Pues bien, la reforma no ataca lo obvio, no sube las pensiones respecto de destinar todo el incremento de 6 puntos a la capitalización individual. Inicialmente se consideró un esquema 3-2-1; a pocas horas de votar en la Comisión, se cambió la estrategia -para conseguir los votos en la Cámara- a un 3% a capitalización, pero sólo un 2,1% a la cuenta del trabajador y 0,9% se reparte entre los que cotizan (intrageneracional), más 3% a un fondo con una lógica de reparto (intergeneracional). Los cálculos, incluso del Gobierno, indican que los jóvenes trabajadores recibirán pensiones inferiores mientras financian el aumento de las pensiones a los actuales jubilados.  

El proyecto también insiste en desmantelar la institucionalidad vigente, un disparate. Nadie ha podido demostrar que existen grandes economías de escala para administrar millones de cuentas. A diferencia de la versión original, donde se creaba un monopolio estatal, ahora se licitaría, pero al final también se monopoliza la función de soporte, lo que resultaría en mayor costo y menor calidad de servicio. ¿Qué sucedería si la licitación es declarada desierta? ¿Se crearía un monopolio estatal? 

Para la gestión de inversiones se crean los inversores de pensiones privados (IP) que reemplazarían a las AFP y un inversor estatal (IPE). La competencia entre inversores es solo aparente, en los hechos se favorece al IPE. Esto, por cuanto el Estado lo subsidiaria, permitiéndole así cobrar menores comisiones y atraer afiliados. Asimismo, se diseña un mecanismo de licitación del stock de 10% por año muy peculiar, ya que los inversores deberán mantener la comisión fija por 10 años, favoreciendo nuevamente al gestor estatal. A diferencia de los IP, el IPE podrá hacer negocios con empresas relacionadas (el Estado). En la práctica, terminará invirtiendo en bonos del Tesoro y empresas estatales, es decir, los ahorros de los trabajadores financiando al Fisco.

El proyecto también introduce elementos populistas, al considerar un autopréstamo por el 5% de sus fondos, con un tope de 30 UF. Será muy difícil asegurar que efectivamente se devuelvan los recursos del préstamo, dado que el sistema ha sido incluso incapaz de controlar la evasión de cotizaciones. En los hechos, esto se puede transformar en retiros encubiertos, que en períodos eleccionarios y ante una ola de populismo, relajarían el límite del "autopréstamo", como insólitamente ya ha ocurrido con una propuesta parlamentaria, incluso antes de que se apruebe la reforma. El autopréstamo es una pésima idea que puede llevar al fin del sistema de capitalización.

La reforma no aborda los problemas centrales: aumentar la densidad, disminuyendo la informalidad; indexación de años cotizados a expectativas de vida; y regular las inversiones de los fondos por una métrica de riesgo y no imponiendo límites porcentuales por activo.

Luis Felipe Lagos M.

Economista, consultor de empresas